Meta y YouTube han sido declaradas negligentes por un jurado de Los Ángeles al considerar que sus plataformas contribuyeron de forma decisiva a generar adicción a las redes sociales en una menor, en un fallo pionero en Estados Unidos que abre la puerta a una cascada de demandas contra los gigantes tecnológicos. La sentencia concluye que el diseño de Facebook, Instagram y YouTube no fue neutral, sino que buscó deliberadamente fomentar la dependencia de los usuarios más jóvenes, lo que derivó en daños a su salud mental y su bienestar.
En este primer juicio, tanto Meta como YouTube deberán pagar tres millones de dólares a la demandante, identificada como Kaley G. M., en concepto de daños morales y perjuicios económicos. La cantidad, sin embargo, podría ser solo el inicio: el caso entra ahora en una segunda fase en la que se evaluará si las compañías incurrieron en otros delitos, como fraude o malicia, lo que permitiría imponer sanciones punitivas de mucho mayor alcance y sentar una jurisprudencia de gran impacto para toda la industria tecnológica.
El proceso de Los Ángeles se ha desarrollado en paralelo a otro juicio, menos mediático pero igualmente significativo, en Nuevo México, donde un jurado determinó que Meta priorizó sus beneficios económicos por encima de la seguridad de los menores, con consecuencias negativas para su salud mental y su integridad. En ese caso, la empresa fue condenada a pagar 375 millones de dólares en daños, subrayando que los tribunales estadounidenses empiezan a trazar una línea clara de responsabilidad frente al diseño adictivo de las plataformas.
El caso de Kaley ha sido central en este giro judicial. La joven, hoy de 20 años pero menor cuando comenzó el litigio, creció pegada a una pantalla desde los seis años, cuando empezó a consumir videos en YouTube. A los nueve ya tenía su primer iPhone y usaba Instagram; a los diez se sumó a TikTok, entonces aún bajo la marca Musical.ly, y a los once se incorporó a Snapchat. Su rutina llegó a incluir hasta dieciséis horas diarias conectada a distintas aplicaciones, incapaz de pasar tiempo sin el teléfono y reaccionando con ataques de pánico cuando sus padres intentaban limitar su uso.
El relato presentado ante el jurado describió una espiral de deterioro: episodios de depresión, ansiedad, problemas de dismorfia corporal y una incapacidad para desconectarse de las redes que los abogados de la familia compararon con un golpe químico que altera el cerebro. El jurado determinó que Meta deberá asumir el 70 por ciento de la indemnización y YouTube el 30 por ciento, al considerar probado que sus sistemas de recomendación y diseño de interacción fomentaron un consumo compulsivo y dañino en la etapa más vulnerable de la vida de la demandante.
Meta, matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, reaccionó al veredicto con un mensaje de respeto formal a la decisión del jurado, pero dejando claro su desacuerdo y anunciando que estudia sus opciones legales. La compañía insiste en que prohíbe el acceso a Instagram a menores de 13 años y ha tratado de trasladar parte de la responsabilidad a los usuarios que falsean su edad para saltarse las restricciones. En su declaración durante el juicio, Mark Zuckerberg defendió que su objetivo no es el enriquecimiento personal, sino la financiación de obras benéficas y proyectos de investigación científica, un argumento que no convenció al jurado ni evitó la condena.
La importancia de estos procedimientos va más allá de las cifras económicas. Tanto en California como en Nuevo México se considera que estos casos funcionan como punta de lanza de una nueva etapa regulatoria y judicial para las tecnológicas, similar a la que vivieron las grandes tabacaleras a finales de los años noventa. En aquel momento, la justicia estadounidense obligó a la industria del tabaco a asumir su papel en la generación de adicción y en los daños a la salud pública; hoy, el paralelismo se traza con unas plataformas que han construido su modelo de negocio sobre la captación intensiva de la atención, especialmente la de los menores.
En 2023, un total de 41 estados de Estados Unidos ya habían demandado a Meta por atrapar a los menores mediante diseños persuasivos y herramientas que prolongan el tiempo de conexión. Muchas de esas causas, como la impulsada por el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, están ahora en pleno desarrollo y comienzan a producir resultados concretos que refuerzan la percepción de que la era de la impunidad para las redes sociales se está agotando. Los fallos recientes sugieren que los tribunales están dispuestos a considerar que el diseño de estas plataformas no es solo una cuestión de negocio, sino un factor de riesgo sanitario.
El impacto futuro para las tecnológicas podría ser profundo. En Nuevo México, un juez deberá decidir en mayo cómo debe actuar Meta a partir de ahora y si está obligada a financiar programas públicos de reparación del daño causado, lo que sentaría un precedente en materia de obligaciones positivas para la empresa, más allá de las multas económicas. En California, un jurado compuesto por siete mujeres y cinco hombres tendrá que deliberar en los próximos pasos del caso de Kaley sobre la posible existencia de delitos como fraude o malicia, lo que abriría la puerta a sanciones ejemplares y a una redefinición del estándar de diligencia exigible a las plataformas.
El fallo de Los Ángeles combina un elemento simbólico, al obligar por primera vez a figuras como Zuckerberg a sentarse en el banquillo y responder en persona por el impacto de sus productos, con un efecto práctico que ya están estudiando familias, asociaciones y distritos escolares de todo Estados Unidos. Para muchos de ellos, la adicción de niños y adolescentes a las redes sociales se ha convertido en un problema público de primer orden, ligado al aumento de cuadros de depresión, ansiedad y trastornos de la conducta. La decisión del jurado les ofrece ahora una vía legal reforzada para reclamar responsabilidades y exigir cambios estructurales.
En este nuevo escenario, la industria tecnológica afronta un escrutinio más severo sobre sus algoritmos, sus prácticas de diseño y sus prioridades corporativas. Las causas abiertas en California y Nuevo México anticipan un ciclo de litigios masivos que podría obligar a Meta, YouTube y otras plataformas a rediseñar sus productos para reducir el potencial adictivo y proteger de forma más efectiva a los menores. El veredicto sobre la adicción de Kaley no solo reconoce el daño sufrido por una joven, sino que redefine los límites de lo aceptable en la economía de la atención y marca el inicio de una batalla legal que puede cambiar la forma en que las redes sociales operan en todo el mundo.