Guatemala cuenta con planes de largo plazo bien diseñados, pero sigue atrapada en un modelo de obra pública fragmentado, politizado y lento que impide convertir esa planificación en carreteras, puertos y empleos, advirtió Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa. El economista sostuvo que la implementación plena de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria es hoy “lo más importante” para romper ese ciclo, duplicar la inversión en infraestructura y detonar nuevas alianzas público‑privadas de largo plazo.
Zapata recordó que el país ya cuenta con un marco de visión de largo plazo como el Plan Catún 2032, elaborado en 2012, que define ejes como ciudades intermedias, infraestructura y fortalecimiento del capital humano para acompañar la urbanización acelerada. Aunque solo el 56% de la población vive hoy en ciudades, se proyecta que ese porcentaje alcance alrededor del 70% en los próximos 20 años, lo que exige un salto fuerte en inversión física.
Sin embargo, la inversión en infraestructura se ha mantenido prácticamente estancada durante los últimos 15 años: en 2024 cerró en torno al 1.6% del PIB, cuando debería estar por lo menos entre 3% y 4% para llevar la inversión total del país del 17% actual a alrededor del 23‑24%. Ese aumento, insistió, no se logrará con el esquema tradicional de “construcción, supervisión y mantenimiento” por separado, altamente expuesto a la incidencia política y a la rotación de ministros (cinco en menos de dos años), sino con contratos integrales y de largo plazo.
Zapata recordó que el país ya cuenta con un marco de visión de largo plazo como el Plan Catún 2032, elaborado en 2012, que define ejes como ciudades intermedias, infraestructura y fortalecimiento del capital humano para acompañar la urbanización acelerada. Aunque solo el 56% de la población vive hoy en ciudades, se proyecta que ese porcentaje alcance alrededor del 70% en los próximos 20 años, lo que exige un salto fuerte en inversión física.
Sin embargo, la inversión en infraestructura se ha mantenido prácticamente estancada durante los últimos 15 años: en 2024 cerró en torno al 1.6% del PIB, cuando debería estar por lo menos entre 3% y 4% para llevar la inversión total del país del 17% actual a alrededor del 23‑24%. Ese aumento, insistió, no se logrará con el esquema tradicional de “construcción, supervisión y mantenimiento” por separado, altamente expuesto a la incidencia política y a la rotación de ministros (cinco en menos de dos años), sino con contratos integrales y de largo plazo.