En una conferencia de prensa realizada este martes 29 de abril en el Palacio Nacional, el presidente de la República, Bernardo Arévalo, junto a su Gabinete de Gobierno, la vicepresidenta Karin Herrera y autoridades indígenas ancestrales, anunciaron que se ha presentado un amparo ante la Corte Suprema de Justicia contra la fiscal general Consuelo Porras por la “criminalización” de los pueblos indígenas de Guatemala.
El motivo de la acción legal está relacionado con la reciente captura de Luis Pacheco y Héctor Chaclán, exdirectivos de los 48 Cantones de Totonicapán, quienes fueron detenidos bajo cargos de terrorismo y obstaculización a la acción penal debido a su participación en las manifestaciones de 2023.
Estos hechos han provocado un fuerte rechazo por parte del Gobierno, que considera que la criminalización de líderes indígenas representa un ataque no solo a las autoridades de los pueblos originarios, sino también a todos los defensores de los derechos humanos y la democracia en el país.
En su intervención, Arévalo expresó: “La criminalización de Luis Pacheco, Héctor Chaclán, autoridades indígenas y cualquier persona que defiende la democracia y combate la corrupción, es un ataque a todos los pueblos del país. Es una agresión a los cuatro pueblos de Guatemala.”
El mandatario también denunció la situación de hostigamiento que enfrentan algunos miembros de su gabinete y señaló la contradicción en los esfuerzos judiciales, al destacar que mientras los casos de corrupción y crimen organizado siguen impunes, personas que luchan por la justicia y el bienestar del pueblo guatemalteco son sometidas a procesos legales injustos.
#LaRedInforma | Autoridades indigenas de Guatemala: "Juntos, con la fuerza ancestral que nos une, seguiremos luchando para que se haga justicia."
— La Red (@Lared1061) April 29, 2025
“Es el momento de cerrar filas contra la cooptación de las instituciones de justicia por los actores de la impunidad. Llamamos al pueblo digno de Guatemala a hacer escuchar su voz contra el abuso de las instituciones como armas para atacar a quienes buscamos el desarrollo para todos,” agregó Arévalo, reafirmando su compromiso con la democracia y el fortalecimiento de las instituciones del país.
El presidente también detalló que el amparo fue presentado por la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo, en colaboración con autoridades indígenas, organizaciones de la sociedad civil, académicos, representantes religiosos y organismos internacionales.
Este amparo busca garantizar el debido proceso para los líderes indígenas que han sido, según el gobierno, “espuriamente criminalizados” por el Ministerio Público.
A pesar de la tensión política generada por este conflicto, Arévalo aseguró que su gobierno no actuará fuera del marco de la ley ni romperá el orden constitucional en relación con la fiscal Consuelo Porras.