En Guatemala, el debate sobre la dignidad de las madres lactantes regresó al Congreso con una nueva propuesta de Ley de Lactancia Materna que busca garantizar espacios seguros para que las mujeres puedan extraerse leche en sus centros de trabajo y edificios públicos, en lugar de recurrir a baños u otros lugares improvisados.
La iniciativa surge después de que una versión anterior fracasara en el pleno, pese a que su objetivo central era precisamente ofrecer condiciones mínimas de higiene y privacidad para las trabajadoras en periodo de lactancia.
Organizaciones y especialistas en salud han señalado que, ante la ausencia de salas adecuadas, muchas mujeres se ven obligadas a usar sanitarios para extraer y almacenar la leche, una práctica que califican de antihigiénica y contraria a los estándares recomendados.
La nueva propuesta fue presentada por un grupo de diputadas que insiste en que no se trata de una medida onerosa, sino de una obligación básica del Estado y del sector privado para garantizar derechos laborales, de salud y de infancia. El proyecto plantea la habilitación de cabinas o espacios pequeños, con una silla, una mesa, una puerta que asegure privacidad y un refrigerador para conservar la leche, tanto en instituciones públicas como en empresas privadas. Según sus impulsoras, estos espacios permitirían que las madres continúen con la lactancia aun cuando regresan al trabajo, reduciendo riesgos de enfermedades asociadas a la interrupción abrupta de la lactancia y aportando a la nutrición de la niñez guatemalteca.
El contexto que rodea la iniciativa evidencia una brecha entre el discurso sobre protección a la niñez y la realidad de las políticas públicas. Guatemala mantiene altos índices de desnutrición infantil, por lo que el acceso a la leche materna es visto por expertos como una herramienta clave en los primeros años de vida. A nivel internacional, organismos como la OMS y UNICEF recomiendan que los lugares de trabajo ofrezcan pausas remuneradas y espacios amigables de lactancia, pero solo una fracción de países ha incorporado estas medidas en su legislación, algo que la nueva ley intenta empezar a corregir en el país.
El camino legislativo, sin embargo, ha sido accidentado. Una primera versión de la Ley de Lactancia Materna se entrampó cuando se intentó incluir al sector privado en la obligación de crear salas de lactancia, lo que provocó que algunos diputados se opusieran y el proyecto se quedara sin el apoyo necesario en el pleno. La sesión fue calificada como vergonzosa por diputadas que consideraron que se le estaba negando a las mujeres un espacio digno para extraer leche, mientras afuera del Congreso diversas organizaciones exigían que el tema de la lactancia dejara de ser relegado en la agenda política.
Con la nueva iniciativa, las legisladoras piden que el proyecto se conozca de urgencia nacional y hacen un llamado al Ejecutivo y a los empleadores para que asuman la responsabilidad de abrir espacios concretos a la lactancia, más allá de los discursos. La propuesta no solo busca evitar que las madres sigan recurriendo a baños para extraerse leche, sino que apunta a reconocer la lactancia como un derecho y no como un privilegio condicionado al tipo de empleo o al nivel de ingresos. En un país donde millones de mujeres sostienen el cuidado y la economía de sus hogares, el resultado de este debate definirá si la experiencia de la maternidad en el trabajo se mantiene en la precariedad o avanza hacia condiciones más humanas y respetuosas.