La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala emitió el Acuerdo Número 39-2026, mediante el cual oficializa una reforma estructural al Reglamento de Gestión para los Juzgados y Tribunales con Competencia en Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer.
La disposición modifica directamente el artículo 15 del Acuerdo Número 30-2010 con el objetivo central de delimitar con precisión la jerarquía administrativa, la dependencia funcional y las líneas de mando del personal multidisciplinario que conforma el Sistema de Atención Integral a Víctimas de Violencia contra la Mujer dentro de dichos órganos jurisdiccionales especializados.
De acuerdo con la resolución emitida por el máximo tribunal del Organismo Judicial, la reforma responde a la necesidad institucional de clarificar quiénes son los superiores inmediatos de los profesionales que atienden a las usuarias y facilitar la colaboración operativa entre distintos despachos judiciales cuando las circunstancias procesales así lo requieran.
Con el texto reformado, el artículo 15 establece que la estructura orgánica y funcional de los Juzgados y Tribunales de Sentencia especializados en Delitos de Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual se regirá tanto por su reglamento específico como por las disposiciones contenidas en el Reglamento Interior de Juzgados y Tribunales Penales.
El cambio normativo de mayor impacto operativo estipula que el equipo técnico del Sistema de Atención Integral a Víctimas de Violencia contra la Mujer —integrado por especialistas en psicología, trabajo social y medicina— dependerá funcionalmente de la persona que ejerza la función gerencial de Secretario o Secretaria del órgano jurisdiccional al que se encuentre asignado.
Esta subordinación administrativa se aplicará de conformidad con las necesidades particulares del servicio de justicia y en estricto apego a las directrices dispuestas por la Corte Suprema de Justicia.
En la parte considerativa del Acuerdo Número 39-2026, los magistrados fundamentan la medida en el mandato de la Constitución Política de la República de Guatemala, la cual establece que el Estado se organiza para proteger a la persona y a la familia como vía para alcanzar el bien común.
Asimismo, el tribunal recuerda los compromisos internacionales adquiridos por el Estado guatemalteco a través de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como la «Convención de Belém Do Pará».
Ambos instrumentos internacionales obligan a las instituciones estatales a tutelar los derechos humanos de las mujeres, garantizarles una vida libre de violencia y facilitarles un acceso efectivo y digno a la justicia.
Con respaldo en los artículos 203 y 205 de la Carta Magna, así como en los artículos 52, 53, 54 y 77 de la Ley del Organismo Judicial, la Corte Suprema de Justicia busca que la reorganización gerencial permita brindar una atención personalizada y sin contratiempos administrativos a las mujeres sobrevivientes de violencia que acuden diariamente a las sedes judiciales del país en busca de protección y tutela legal.