Pese a reconocer la inclusión de nuevos estándares de fiscalización y apertura en el actual proyecto presupuestario en comparación con administraciones anteriores, analistas en materia de finanzas públicas advierten que los mecanismos preventivos aún muestran vacíos críticos que ponen en riesgo el uso transparente de los recursos del Estado.
El entrevistado señaló que, si bien la propuesta incorpora ciertas medidas de rendición de cuentas, estas resultan insuficientes para frenar prácticas recurrentes en la administración pública, tales como el fraccionamiento en las compras locales para evadir controles de licitación, o la concesión de excepciones en la ejecución de infraestructura vial a favor de empresas o contratos previamente salpicados por anomalías.
Expertos coinciden en que la mera apertura de información no garantiza la fiscalización efectiva si persisten resquicios legales en los procesos de adjudicación y contratación.
Ante este panorama, hacen un llamado al Ejecutivo y al Congreso para fortalecer los candados normativos dentro de la legislación, garantizando que cada quetzal asignado a obra pública responda a criterios estrictos de integridad y auditoría continua.