El Congreso de la República de Guatemala se prepara para abordar y ratificar el Decreto 21, una medida orientada a contener el impacto del alza de los combustibles en la economía nacional.
Según dio a conocer el diputado Juan Carlos Rivera, la junta de jefes de bloque se reunirá para buscar acuerdos que permitan incluir en la agenda legislativa el rechazo de las objeciones planteadas contra dicha norma y enviarla de inmediato al Organismo Ejecutivo para su publicación oficial.
El parlamentario explicó que el Decreto 21 busca implementar un esquema de precio máximo similar al aplicado en El Salvador, fijando un tope de 39 quetzales por galón para el diésel y la gasolina regular. Rivera aclaró que este techo tarifario no es un valor rígido al alza; en caso de que los precios internacionales del petróleo disminuyan, el costo local para el consumidor también se reducirá de forma automática.
Durante la entrevista, el legislador señaló que el retraso de casi dos semanas en la entrada en vigor de la medida se debió a objeciones presentadas por el diputado Alan. Según Rivera, dicho recurso legal estaba mal planteado desde el punto de vista técnico, acusando que la intención de fondo responde a intereses políticos y electorales en el contexto del próximo ciclo legislativo y comicial.
Finalmente, Rivera desestimó las propuestas de otras bancadas que sugieren la eliminación de impuestos como el IVA o el Impuesto a la Distribución de Petróleo (IDP) para el diésel. Argumentó que una exención tributaria no trasladaría un beneficio económico sustancial al ciudadano, por lo que respaldó el modelo del fondo de subsidio y precio tope como la vía más efectiva para proteger la canasta básica y el transporte público.