En un firme pronunciamiento, el presidente Bernardo Arévalo relacionó las recientes protestas y cierres viales en diversos puntos del país con intereses ajenos a las demandas sociales legítimas. Según el Ejecutivo, las movilizaciones han sido manipuladas por sectores opacos para promover la inestabilidad. Explicó que han presenciado «a otros actores aprovecharse del malestar ciudadano para provocar bloqueos y acciones violentas».
Las investigaciones del Gobierno apuntan a municipios como Río Hondo, Cuyotenango y Villa Nueva, donde se habrían registrado pactos espurios. En esas regiones se detectó la convergencia entre figuras locales y grupos fuera de la ley para financiar el colapso del tránsito. Arévalo detalló que en Río Hondo «políticos locales se han coludido con actores del narcotráfico para pagarle a los participantes en los bloqueos».
El mandatario explicó que estas acciones buscan convertir el descontento por la crisis energética global en una herramienta de agitación. A criterio de las autoridades, el objetivo principal radica en alterar el orden público y desestabilizar la gestión de las instituciones.
Denuncias penales contra financistas del caos vial
La Presidencia confirmó que recaba los elementos probatorios para trasladar los expedientes correspondientes ante el Ministerio Público. Se busca deducir responsabilidades penales contra quienes resulten implicados en la logística y financiamiento de las tapadas viales. El gobernante subrayó que «los intereses electorales espurios de unos y los intereses criminales de los otros convergen en estos casos para intentar desestabilizar al país».
«Desde el Gobierno hemos emprendido las averiguaciones correspondientes y denunciaremos ante el Ministerio Público a quienes incurran en estas acciones delictivas.» — Bernardo Arévalo
Arévalo remarcó que las manifestaciones pacíficas son respetadas dentro del marco constitucional, pero aclaró que las actividades financiadas por redes ilícitas serán perseguidas con todo el peso del sistema judicial.