La problemática relacionada con el manejo del cauce del río Villalobos en San Miguel Petapa se mantiene desde hace más de una década. De acuerdo con la municipalidad, las solicitudes de auxilio para atender la situación se han presentado formalmente ante distintos gobiernos desde 2012, sin que hasta ahora se concrete una solución definitiva.
Ante la falta de respuesta, la comuna recurrió a la vía del amparo constitucional para solicitar acciones que permitan atender las condiciones del cauce y reducir los riesgos para la población.
La municipalidad también informó que remitió copia de las actuaciones a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de las gestiones realizadas para buscar una respuesta a la problemática.
Uno de los obstáculos señalados por la comuna es la falta de presupuesto de algunas instituciones responsables del manejo de la cuenca. Entre ellas se encuentra la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (AMSA).
A esto se suma, según la municipalidad, el temor de funcionarios públicos a enfrentar posibles sanciones de la Contraloría General de Cuentas al ejecutar determinadas acciones, situación que también habría dificultado la intervención en el área.
La comuna sostiene que esta situación ha limitado la capacidad de las instituciones para ejecutar trabajos de mayor alcance en el cauce del río Villalobos, mientras el municipio continúa atendiendo las emergencias con sus propios recursos.
La problemática cobra relevancia ante las recientes condiciones del área afectada en San Miguel Petapa y la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), que insta al Ejecutivo a intervenir de manera urgente.
Mientras se concreta el apoyo de las instituciones estatales, la municipalidad mantiene trabajos para estabilizar las orillas y reforzar sectores considerados de riesgo.