La labor de campo de las autoridades aduaneras volvió a toparse con la hostilidad en el Altiplano. En Camanchaj, Chichicastenango, una comitiva del Consejo Interinstitucional para la Prevención, Combate a la Defraudación Fiscal y al Contrabando Aduanero (COINCON) quedó retenida contra su voluntad mientras cumplía operativos de control.
El hecho desató la alarma en el sector privado. La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) denunció la gravedad del caso y alertó con crudeza que “estos hechos ponen en riesgo su integridad y su vida”.
Asimismo, la CIG defendió los operativos y recordó que “buscan hacer cumplir la ley y combatir el contrabando y la defraudación fiscal, contribuyendo a proteger la salud, la seguridad y las oportunidades de empleo de los guatemaltecos”.
El costo de frenar los controles de ley
La reacción también llegó desde AmCham Guatemala, que condenó cualquier coacción popular al advertir que “ninguna inconformidad o reclamo puede justificar el uso de la violencia, la intimidación o la coacción contra servidores públicos en el ejercicio de sus funciones”.
Además, AmCham puso el foco en las secuelas económicas, señalando que “el contrabando y la defraudación aduanera afectan directamente a Guatemala al debilitar la competencia leal, poner en riesgo el empleo formal y reducir los recursos que el Estado destina a servicios esenciales”.
Con el tiempo en contra, el empresariado exigió a las fuerzas de seguridad actuar de inmediato para liberar a los funcionarios, con el fin de “hacer prevalecer el Estado de derecho y evitar que estos hechos queden en la impunidad”.