El diputado David Illescas exigió la destitución del director de la Policía Nacional Civil (PNC), David Custodio Boteo, y de los principales mandos de la institución, tras el asesinato del exdiputado Juan Francisco Solórzano Foppa y del judoca Gustavo Aguilar Gamarra, ocurrido el sábado 17 de octubre en el centro deportivo Campo Marte, en la zona 5 de la ciudad de Guatemala.
Durante una entrevista en La Red 106.1, el legislador cuestionó la actuación de las autoridades policiales y señaló presuntas fallas en las primeras 24 horas de la investigación.
Según sus declaraciones, entre los aspectos que deben esclarecerse figuran el manejo de indicios relevantes y la forma en que hombres armados ingresaron al recinto deportivo, donde se desarrollaba un partido de fútbol.
Illescas también recordó que, según expuso durante la entrevista, a finales de agosto de 2025 Solórzano Foppa habría enviado una carta al presidente Bernardo Arévalo para advertir sobre presuntos hechos de corrupción en el Ministerio de Gobernación durante la gestión del entonces ministro Francisco Jiménez.
A partir de ese antecedente, el diputado cuestionó que funcionarios policiales nombrados durante la administración de Jiménez estén al frente de las pesquisas por el asesinato de una persona que, según lo señalado, había denunciado posibles irregularidades en esa cartera. Sin embargo, estos señalamientos no constituyen por sí mismos una prueba de participación o responsabilidad de las autoridades en el crimen.
El legislador también pidió revisar los contratos relacionados con la seguridad y planteó la necesidad de reestructurar los mandos policiales. A su criterio, deben esclarecerse las circunstancias del ataque y las posibles fallas de seguridad que permitieron que el hecho ocurriera dentro de una instalación deportiva pública.
El doble asesinato ha generado cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad en Campo Marte y el avance de las investigaciones. Mientras tanto, las autoridades competentes deberán establecer las circunstancias del ataque, identificar a los responsables y determinar si existieron negligencias o incumplimientos en los procedimientos de seguridad e investigación.