Después de que entre en vigencia del Decreto Número 20-2026, la Ley General del Sistema Portuario Nacional modificará radicalmente la dinámica operativa, logística y de negocios en las terminales marítimas del país.
Estos son los cinco cambios transversales inmediatos:
1. Regulación del Usufructo Oneroso Portuario (USOP) y Contratos CAP
Toda inversión pública o privada para explotar, construir o modernizar infraestructura requerirá formalizarse mediante un Contrato de Administración Portuaria (CAP). Se define la figura del Usufructo Oneroso Portuario (USOP) como un derecho real sin transferencia de dominio estatal, sujeto a modelos financieros detallados y planes de reversión garantizados.
2. Despliegue de la Ventanilla Única y Cero Papel
Las terminales deberán integrarse a la Ventanilla Única Portuaria y adoptar el Régimen de Inspección Unificada e Integrada. Este esquema busca eliminar los trámites físicos, conectar a las autoridades aduaneras y de seguridad en plataformas digitales y drásticamente recortar los tiempos de permanencia de los buques y la carga.
3. Seguridad Portuaria con Rango de Orden Público
La ley eleva la protección de las instalaciones, la carga y la ciberseguridad a condición de orden público. Todas las terminales marítimas deberán adaptar y auditar continuamente su Plan de Protección de la Instalación Portuaria (PPIP), cumplir con la verificación del peso de contenedores (VGM) y establecer controles estrictos contra el narcotráfico, sabotaje y ciberataques.
4. Capacitación Universitaria y Técnica Obligatoria (CENIFORP)
Todo el personal operario, administrativo y de seguridad de los puertos regulados deberá someterse a programas de formación continua impartidos o certificados por el nuevo Centro Nacional de Investigación y Formación Portuaria (CENIFORP), elevando la eficiencia técnica y la profesionalización en toda la cadena logística.
5. Marco de Tarifas Transparentes y Libre Competencia
Se establece la obligación de registrar y publicar abiertamente los procesos de estructuración de tarifas comerciales portuarias. Aunque no impone control directo de precios, la ley prohíbe tratos discriminatorios y faculta a la APN a supervisar e intervenir ante prácticas anticompetitivas o reclamos de usuarios finales a través de procedimientos sancionatorios.
A medida que estas disposiciones entren en vigor, la operatividad portuaria dará un salto hacia la agilización de procesos y la reducción de costos logísticos no previstos. La eliminación de cuellos de botella mediante la digitalización y la certeza tarifaria colocará a Guatemala en una posición mucho más atractiva para las líneas navieras internacionales y la cadena de suministro global.
A continuación el decreto completo: