La Cámara de Industria de Guatemala rechazó las acciones de alcaldes que bloquean proyectos energéticos con licencias vigentes y advirtió sobre sus consecuencias económicas y legales para el país.
El gremio industrial señaló que varios proyectos de transmisión y generación eléctrica enfrentan retrasos por decisiones de autoridades locales al margen de la ley, pese a contar con licencias vigentes. Según el pronunciamiento, esta situación genera incertidumbre jurídica y erosiona la confianza de los inversionistas.
La Cámara advirtió que cancelar o alterar proyectos sin justificación legal expone al Estado guatemalteco a litigios internacionales cuyos costos recaen sobre los propios ciudadanos. Asimismo, indicó que paralizar nueva infraestructura energética encarece el servicio eléctrico, limita el acceso a fuentes más eficientes y pone en riesgo la estabilidad del sistema.
El gremio precisó que la autonomía municipal no puede usarse como herramienta para frenar proyectos de interés público, y que debe ejercerse en armonía con la planificación nacional. La Constitución Política, agregó, reconoce la electrificación como prioridad nacional que requiere coordinación entre el Estado, los municipios y el sector privado.
Finalmente, la Cámara hizo un llamado a las autoridades locales para garantizar reglas claras y certeza jurídica que permitan el desarrollo de la infraestructura eléctrica del país.