La propuesta de integrar a reos en proyectos de trabajo público, como la pavimentación de calles o la remozación de infraestructura, cuenta con sustento en la legislación de Guatemala, pero enfrenta severos desafíos de ejecución y aceptación social debido a la crisis de seguridad e institucionalidad que atraviesa el país.
De acuerdo con el análisis de Arkel Benítez, la Constitución y la Ley del Régimen Penitenciario establecen que el trabajo es una obligación y un medio dentro del régimen progresivo para redimir penas y lograr la rehabilitación de las personas privadas de libertad.
La normativa permite el desarrollo de trabajo tanto físico como intelectual en instituciones públicas o privadas. Sin embargo, el experto subrayó que el destino de estos proyectos debe fundamentarse en el beneficio social —como la mejora de escuelas u hospitales— y no en obras que carezcan de respaldo o que levanten suspicacias en la ciudadanía.
Asimismo, Benítez advirtió que la actual situación del sistema penitenciario impone serios riesgos respecto a los protocolos de seguridad fuera de los centros de detención. Ante antecedentes recientes de fugas masivas y actos de violencia en la vía pública, resulta imprescindible una rigurosa clasificación técnica y psicológica por parte de comisiones multidisciplinarias para determinar qué reos son aptos para participar.
Finalmente, señaló que mientras las cárceles sigan funcionando como sedes de extorsión y crimen organizado, cualquier programa de rehabilitación enfrentará serias dudas sobre su credibilidad y eficacia.