En el peor escenario posible, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tendría que recurrir a préstamos bancarios o cooperación internacional para financiar la preparación del proceso electoral 2027. Así lo explicó el magistrado Mario Alexander Velásquez, quien citó el artículo 122 de la Ley Electoral como el marco legal que establece las salidas de emergencia.
«Si transcurrido el plazo de ley el Tribunal Supremo Electoral no contara con los fondos necesarios, deberá tomar las medidas de emergencia necesarias para el proceso electoral respectivo, tales como contratar préstamos con los bancos del sistema con garantías de futuras asignaciones presupuestarias, o bien ayudas directas del exterior que no comprometan las finanzas del Estado», detalló.
En cuanto al presupuesto ordinario, el magistrado admitió que la institución debería reducir gastos al mínimo, priorizando el pago de nómina y postergando o cancelando inversiones, entre ellas un proyecto de seguridad y ciberseguridad que el TSE considera estratégico para proteger la infraestructura electoral.
Velásquez destacó que esta disposición legal fue diseñada con una intención política concreta: blindar al TSE de presiones del Ejecutivo. «El constituyente estableció las salidas para tratar de resolver el problema y financiar los procesos electorales, que son la base fundamental de nuestra democracia», sostuvo.