El Ministerio de Gobernación (Mingob) reaccionó a la resolución emitida por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) tras el polémico desalojo en el caserío Xecoxo, Nebaj, Quiché, cuestionando la postura del magistrado de conciencia al revelar que la propia entidad tuvo un observador en la diligencia.
En un comunicado de cinco puntos, el Ejecutivo defendió la actuación de la Policía Nacional Civil (PNC) y argumentó que el operativo del pasado 30 de julio respondió estrictamente a una orden judicial del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Civil de la localidad.
Acompañamiento y contradicciones señaladas
Según la cartera del Interior, el procedimiento no fue unilateral ni exclusivo de la fuerza pública, sino que contó con la presencia de:
Un delegado de la PDH, en condiciones de pronunciarse en el acto ante cualquier anomalía.
Representantes del juzgado ejecutor y una intérprete judicial.
Personal de la Procuraduría General de la Nación (PGN) con una trabajadora social.
Unidades de la Inspectoría General de la PNC y paramédicos.
«La misma institución que días después señala a personal policial como violador de derechos humanos tuvo un delegado presente durante toda la diligencia… El Mingob considera indispensable que este hecho sea parte explícita del análisis público», enfatizó Gobernación.
Investigación interna abierta previa al dictamen
El Ministerio remarcó que la Inspectoría General de la PNC inició de oficio, el 31 de julio, la investigación administrativa contra los agentes intervinientes, una semana antes de la emisión de la resolución defensorial del 11 de agosto.
Finalmente, las autoridades afirmaron que mantendrán la política de «cero tolerancia» y que, si se comprueban abusos o inobservancia a los protocolos, los implicados serán remitidos a Tribunales Disciplinarios y al Ministerio Público.