En el marco del Día Internacional del Medio Ambiente, colectivos sociales y organizaciones ambientales protagonizaron una caminata ecológica que concluyó este jueves frente al Congreso de la República.
El objetivo fue entregar a la ministra de Ambiente y Recursos Naturales, Patricia Orantes, un petitorio con 19 propuestas que buscan ser consideradas en la discusión de la nueva Ley de Aguas.
La movilización, integrada por representantes de comunidades indígenas, defensores del medio ambiente y activistas por los derechos humanos, subrayó la urgencia de legislar en torno al uso y acceso al agua, un recurso cada vez más disputado y escaso en muchas regiones del país.
Víctor Pacheco, vocero de la caminata ecológica, explicó que el documento entregado contiene exigencias fundamentales para garantizar un enfoque equitativo, sostenible y basado en derechos humanos.
Entre los puntos destacados figura la necesidad de reconocer los derechos históricos y colectivos de los pueblos originarios sobre el agua, así como la exigencia de que el acceso al recurso hídrico sea universal, sin privilegios para sectores específicos.
“El agua no puede ser tratada como una mercancía. Es un derecho humano, y así debe quedar establecido en la ley”, recalcó Pacheco durante la entrega del documento.
#LaRedInforma | En el #DíaDelMedioAmbiente, organizaciones sociales caminaron hasta el Congreso para exigir una #LeyDeAguas inclusiva.
💧 Piden reconocimiento a sistemas ancestrales y participación comunitaria. pic.twitter.com/18tM6qpfuk— La Red (@Lared1061) June 5, 2025
El petitorio también plantea la creación de mecanismos de participación comunitaria, el fortalecimiento de los sistemas locales de gestión del agua, la protección de fuentes naturales y la prohibición de concesiones que prioricen el lucro sobre el bienestar colectivo.
Entre los 19 puntos entregados, se incluyen demandas como:
Reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento.
Respeto a los sistemas ancestrales de gestión del agua.
Inclusión de las comunidades indígenas en la toma de decisiones.
Prohibición del acaparamiento y privatización del agua.
Creación de un ente rector autónomo y descentralizado para la gestión hídrica.
Establecimiento de sanciones para quienes contaminen o exploten fuentes de agua.
Garantía de transparencia y rendición de cuentas en la administración del recurso.
La ministra Patricia Orantes se comprometió a recibir el documento y abrir espacios de diálogo con las comunidades que han sido históricamente excluidas del debate legislativo sobre el agua.
Según comentó, el Ministerio se encuentra en fase de revisión técnica de distintas iniciativas presentadas ante el Congreso.
Actualmente, en el Legislativo existen más de una decena de propuestas de Ley de Aguas que llevan años sin ser dictaminadas. Para las organizaciones movilizadas, esta situación refleja el desinterés político frente a una crisis que ya afecta la vida cotidiana de miles de guatemaltecos.
