El reciente comunicado 10-2025 de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) ha dejado al sector privado ante una decisión compleja: suspender o no sus actividades presenciales en los departamentos de Escuintla, Guatemala y Sacatepéquez tras la actividad sísmica registrada este martes.
A diferencia del sector público y el sistema educativo, donde la suspensión de labores es obligatoria, para las empresas la medida es una recomendación no vinculante.
Cada compañía debe evaluar, según sus posibilidades, si detiene operaciones presenciales, implementa teletrabajo o continúa con normalidad.
Esto implica que no habrá cierre obligatorio, pero sí un llamado a priorizar la seguridad de los trabajadores, especialmente ante posibles réplicas o daños estructurales no evidentes.
Sectores como el comercio, la industria y los servicios esenciales enfrentan retos distintos: mientras algunos pueden recurrir al trabajo remoto, otros dependen de la operación presencial para mantener su producción o atender necesidades básicas de la población.
La decisión final queda en manos de cada empresa, que deberá informar claramente a su personal para evitar confusiones y conflictos laborales.
Para muchas PYMES, sin capacidad para operar a distancia, la situación es aún más desafiante.
Expertos coinciden en que esta recomendación flexible busca reducir la movilidad en las zonas afectadas sin frenar totalmente la economía, y pone a prueba la capacidad de cada organización para equilibrar seguridad y continuidad operativa.
