Un operativo policial en las instalaciones del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) culminó con la captura de seis guatemaltecos recién deportados de Estados Unidos, quienes mantenían cuentas pendientes con la justicia nacional por diversos delitos, incluyendo violencia contra la mujer, violación y cohecho activo.
El caso pone de manifiesto la efectividad de los controles migratorios y la coordinación entre las instituciones de seguridad para dar seguimiento a órdenes de aprehensión vigentes.
Operativo coordinado en la Fuerza Aérea Guatemalteca
Según información proporcionada por la Policía Nacional Civil (PNC), agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) a través de su unidad de Sección de Apoyo y Fortalecimiento a la Extinción de Dominio (SAFE), ejecutaron las capturas en el interior de las oficinas del IGM ubicadas en la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG), zona 13 de la capital.
Los detenidos formaban parte de un grupo de deportados provenientes de Alexandria, Louisiana, Estados Unidos, con excepción de uno de ellos que arribó en un vuelo procedente de Harlingen, Texas. Todos enfrentaban órdenes de aprehensión emitidas por diferentes juzgados del país, algunas con varios años de antigüedad.
Historial de violencia contra la mujer
Entre los capturados destaca Byron «N», de 36 años, quien acumulaba tres órdenes de aprehensión por el mismo delito: violencia contra la mujer en el ámbito privado en su manifestación física. Estas órdenes fueron emitidas en junio y diciembre de 2019, así como en agosto de 2020, todas giradas por un juzgado de Baja Verapaz. Adicionalmente, el detenido ya contaba con antecedentes por el mismo delito registrados en 2019, lo que sugiere un patrón reiterado de conducta violenta.
En la misma línea, Luis «N», de 34 años, era requerido por un juzgado de Izabal, sindicado también de violencia contra la mujer en su manifestación física en el ámbito privado, mientras que Elías «N», de 38 años, enfrentaba cargos por violencia contra la mujer tanto en su manifestación física como psicológica, según una orden emitida en agosto de 2017 por un juzgado de Huehuetenango.
Este último detenido presentaba además un historial delictivo diversificado, con antecedentes por posesión para el consumo en 2013 y hurto en 2014, reflejando una trayectoria criminal que abarca diversos ámbitos.
Acusados de delitos sexuales
Particularmente graves son los casos de Antonio «N», de 46 años, y Alberto «N», de 32 años, ambos requeridos por delitos de carácter sexual. El primero era solicitado por un juzgado de Totonicapán, sindicado de violación con agravación de la pena, según una orden emitida recientemente, en abril de 2024.
Por su parte, Alberto «N» enfrentaba un proceso en un juzgado de Sololá por el delito de violación, con una resolución judicial que data de febrero de 2014, lo que significa que la orden de aprehensión llevaba más de una década vigente al momento de su captura.
Estos casos evidencian la persistencia del sistema judicial guatemalteco en la búsqueda de presuntos responsables de delitos graves, independientemente del tiempo transcurrido desde la emisión de las órdenes judiciales.
Un caso diferente: cohecho activo
Completando el grupo de detenidos se encuentra Antonio «N», de 40 años, quien a diferencia de sus compatriotas, no llegó en el vuelo procedente de Louisiana sino en uno proveniente de Harlingen, Texas. Este individuo era requerido por un juzgado de Totonicapán, sindicado del delito de cohecho activo según una orden emitida el 22 de agosto de 2012.
El cohecho activo, que consiste en ofrecer o entregar dádivas a funcionarios públicos para obtener beneficios indebidos, representa una tipología delictiva distinta a la de los otros detenidos, centrados principalmente en violencia de género y delitos sexuales.
Efectividad de los controles migratorios
Este operativo refleja la efectividad de los protocolos establecidos para la recepción de guatemaltecos deportados, que incluyen la verificación de posibles órdenes de aprehensión pendientes.
La coordinación entre el Instituto Guatemalteco de Migración y la Policía Nacional Civil permite que estas personas, tras ser deportadas de Estados Unidos, sean inmediatamente puestas a disposición de la justicia guatemalteca cuando existen requerimientos judiciales en su contra.
Es importante señalar que los vuelos de deportados son recibidos en instalaciones de la Fuerza Aérea Guatemalteca, donde se realizan los trámites migratorios correspondientes y se verifica la situación legal de cada persona retornada, lo que facilita la captura inmediata de quienes tienen cuentas pendientes con la justicia.
Implicaciones para los deportados
Para estos guatemaltecos, el retorno al país no significó la reintegración a la sociedad que normalmente enfrentan los deportados, sino el inicio de procesos judiciales por delitos cometidos antes de su salida hacia Estados Unidos.
Ahora deberán enfrentar a la justicia guatemalteca por acusaciones que, en algunos casos, tienen más de una década de haber sido formuladas.
Los seis detenidos fueron puestos a disposición de los juzgados correspondientes, donde continuarán los procesos judiciales iniciados con las órdenes de aprehensión que pesaban en su contra, cerrando así un ciclo de impunidad que, en algunos casos, se extendió por más de una década.