El debate global sobre el impacto de las redes sociales en niños y adolescentes ha entrado en una nueva fase con el anuncio de España de prohibir el acceso a estas plataformas a los menores de 16 años, sin posibilidad de autorización por parte de sus padres, como parte de una ambiciosa reforma de gobernanza digital presentada por el gobierno de Pedro Sánchez.
La medida, anunciada en la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái, obliga a las grandes plataformas a implantar sistemas efectivos de verificación de edad, establece posibles responsabilidades penales para directivos y endurece las sanciones frente a la manipulación algorítmica y la difusión de contenidos nocivos para los menores.
Esta decisión no surge en el vacío, sino que se inscribe en una ola regulatoria que recorre el mundo y que busca frenar lo que diversos gobiernos describen como el salvaje oeste digital en el que conviven adicción, desinformación, acoso y exposición temprana a contenidos violentos o sexuales.
Más de 40 países han introducido, propuesto o revisado leyes para restringir el acceso de menores a las redes sociales, un giro que desplaza la carga desde la autorregulación de las plataformas hacia exigencias legales concretas, en especial en materia de verificación de edad y responsabilidad empresarial por los daños que puedan sufrir niños y adolescentes
En Europa, el Parlamento Europeo ha pedido a los Estados miembros que establezcan una edad mínima de 16 años para el uso de redes sociales y que prohíban las prácticas más adictivas dirigidas a usuarios jóvenes, como ciertas técnicas de diseño algorítmico pensadas para maximizar el tiempo de pantalla. Países como Francia estudian prohibir el acceso a las redes a menores de 15 años a partir de 2026, mientras que Noruega, Nueva Zelanda y otros socios europeos han presentado proyectos que combinan límites de edad más estrictos, obligación de verificar la edad y controles más duros sobre las empresas tecnológicas
Fuera de Europa, Australia se ha convertido en uno de los referentes al aprobar una ley que prohíbe a los menores de 16 años acceder a redes sociales y obliga a plataformas como Facebook, Instagram, TikTok o YouTube a demostrar que han adoptado medidas razonables para identificar y desactivar cuentas de usuarios por debajo de la edad permitida, bajo amenaza de multas millonarias. Esta legislación ha sido presentada por el gobierno australiano como uno de los mayores cambios sociales y culturales de los últimos años y ha alimentado el debate internacional sobre hasta qué punto estas restricciones son viables, proporcionadas y respetuosas de los derechos digitales.
El factor que distingue la apuesta española es el método elegido para hacer cumplir la prohibición, centrado en una herramienta de verificación de edad basada en identidad digital que busca equilibrar protección infantil y privacidad. España fue seleccionada por la Comisión Europea para liderar un proyecto piloto de base común europea de verificación de edad, apoyado en la denominada Cartera Digital Beta, una aplicación que permite acreditar que un usuario es mayor de edad sin revelar su identidad ni otros datos personales y cuya credencial caduca cada 30 días para evitar la trazabilidad entre distintas plataformas, lo que la convierte en un modelo observado de cerca por otros gobiernos.
Sin embargo, la implantación práctica de estas políticas abre una serie de interrogantes que marcarán los próximos años: la fiabilidad técnica de los sistemas de verificación, el riesgo de crear nuevas formas de vigilancia digital, la capacidad real de las plataformas para frenar la creatividad de los menores a la hora de eludir las restricciones y el equilibrio entre protección y autonomía en la adolescencia.
Mientras más países avanzan hacia límites de edad y controles estrictos, el mundo parece dirigirse hacia un nuevo contrato social sobre la presencia de los menores en el entorno digital, en el que la discusión ya no es si debe regularse el uso de redes sociales por parte de niños y adolescentes, sino hasta dónde y con qué herramientas se hará.