Edgar Guerra, defensor de los usuarios del transporte público de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), advirtió que el aumento unilateral de tarifas en rutas urbanas e interurbanas ya es un fenómeno nacional y se suma a la conducción temeraria de pilotos que buscan hacer más viajes en menos tiempo durante la Semana Mayor. El funcionario señaló que la falta de una respuesta clara del Gobierno frente al alza de combustibles y la débil presencia de autoridades como la Dirección General de Transportes (DGT) y municipalidades está dejando a los usuarios “empobrecidos” y sin protección efectiva. Guerra explicó que se han detectado alzas de pasaje en Villanueva, Quetzaltenango, Chichicastenango y rutas hacia Oriente, Occidente y la Costa Sur, muchas veces sin autorización de la DGT ni de los concejos municipales. Recordó que, tras la pandemia de covid‑19, varios transportistas duplicaron las tarifas sin permiso del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) y nunca volvieron a bajarlas, pese a los reclamos de los usuarios. Si bien reconoció que el incremento del diésel, llantas y otros insumos golpea al sector, insistió en que esto no justifica subir el pasaje de forma unilateral ni castigar a los pasajeros por la ausencia de una política pública para contener los combustibles. A su criterio, la institucionalidad del Estado es insuficiente para controlar la especulación tanto en las gasolineras como en las tarifas del transporte colectivo.
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