La Corte de Constitucionalidad (CC) decidió mantener en vigencia el Decreto 7-2025, conocido como la “ley de gasto exprés”, al rechazar la suspensión provisional solicitada por diputados oficialistas y la Procuraduría General de la Nación (PGN).
Las acciones de inconstitucionalidad fueron planteadas después de que el Congreso, con mayoría de votos, rechazara el veto emitido por el presidente Bernardo Arévalo.
El decreto permite que los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) retengan y utilicen en el próximo periodo los recursos que no lograron ejecutar durante el año en curso.
La continuidad de la normativa tiene especial relevancia por su aplicación en un contexto preelectoral, lo que ha generado señalamientos y debate público sobre su posible uso político.
Los accionantes argumentaban que la ley vulnera principios de transparencia y control del gasto público, pues otorga a los Codedes una flexibilidad presupuestaria inusual, sin mecanismos de supervisión adicionales. Sin embargo, la CC determinó que no existen elementos suficientes para suspenderla de inmediato mientras se analiza el fondo del caso.
Con esta resolución, los Codedes podrán continuar acumulando y ejecutando los fondos no utilizados, mientras la Corte evalúa la constitucionalidad de la norma en los próximos meses.