En un movimiento sin precedentes, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York ha formalizado una grave acusación penal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve altos funcionarios y exfuncionarios del estado. Se les acusa de conspirar con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de «Los Chapitos», para facilitar el tráfico masivo de fentanilo y otras drogas hacia territorio estadounidense.
La Acusación: Protección a Cambio de Poder
Según el expediente desclasificado el 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de EE. UU. sostiene que Rocha Moya y su círculo cercano habrían recibido sobornos y apoyo político para asegurar su victoria electoral en 2021. A cambio, los funcionarios habrían:
- Brindado protección operativa: Evitando investigaciones, detenciones e incautaciones contra los líderes del cártel.
- Filtrado información: Alertando sobre operativos de las fuerzas federales y agencias internacionales.
- Asociación delictuosa: Participado en una red que permitía la libre distribución de fentanilo, heroína y cocaína.
Entre los otros señalados destacan el senador Enrique Inzunza, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, y altos mandos de seguridad y finanzas del estado.
El Origen del Quiebre: El Caso «Mayo» Zambada
La tensión escaló tras la captura de Ismael «El Mayo» Zambada en julio de 2024. Tras su arresto, Zambada publicó una carta alegando que fue secuestrado mientras asistía a una supuesta reunión con el gobernador Rocha Moya. Aunque el gobernador negó inicialmente cualquier vínculo, las investigaciones del Departamento de Justicia parecen haber validado el testimonio de testigos protegidos y evidencia digital que sitúan al gobierno estatal en una relación directa con la organización criminal.
Impacto en la Política Mexicana
La noticia ha provocado un terremoto político en México, afectando los pilares de la administración actual:
- Crisis en Morena: Rocha Moya ha calificado el acto como un «ataque al movimiento de la Cuarta Transformación» y a la soberanía nacional. Sin embargo, la presión interna crece para que se separe del cargo y enfrente las investigaciones.
- Tensión Diplomática: El gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha recibido solicitudes de detención provisional con fines de extradición. La Cancillería mexicana ha enviado un extrañamiento a la Embajada de EE. UU., argumentando que los documentos carecen de pruebas contundentes y violentan el debido proceso.
- Inestabilidad en Sinaloa: El estado sigue sumido en una ola de violencia derivada de la pugna interna entre las facciones de «Los Chapitos» y «La Mayiza», un conflicto que se ha visto exacerbado por la pérdida de legitimidad de las autoridades locales.
- Debate sobre Soberanía vs. Justicia: La oposición exige que el gobernador sea juzgado en México, mientras que sectores de la sociedad civil cuestionan la capacidad de la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar a políticos de tan alto rango sin la intervención de agencias extranjeras.
Hasta el momento, Rubén Rocha Moya permanece en su cargo, asegurando estar «tranquilo» y bajo la protección del marco legal mexicano, mientras la Casa Blanca reafirma su postura de no detenerse en la persecución de las redes que sostienen el tráfico de fentanilo.