El trabajador fue privado de su libertad por usurpadores armados durante un patrullaje en Alta Verapaz. Las autoridades advierten que los intentos de diálogo no han dado resultados.
El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) emitió una condena categórica tras la retención ilegal de uno de sus guardarrecursos durante un operativo de monitoreo y patrullaje en el Parque Nacional Laguna Lachuá, en Alta Verapaz.
Los hechos ocurrieron el pasado 24 de julio de 2026, cuando personal del CONAP, apoyado por elementos de la Sexta Brigada de Infantería del Ejército y de la División de Protección a la Naturaleza (DIPRONA) de la Policía Nacional Civil, realizaba recorridos de rutina dentro del área protegida y detectó a un grupo de personas que ocupa el terreno de forma ilegal.
Disparos y privación de libertad en Quixpur
Durante el procedimiento de verificación, uno de los usurpadores —quien portaba un arma de fuego— disparó contra las fuerzas de seguridad. Al momento en que los agentes intentaron efectuar la captura del agresor, el grupo reaccionó reteniendo por la fuerza al guardarrecursos.
El servidor público permanece privado de su libertad en el sector conocido como Quixpur, una zona bajo control de ocupantes ilegales. Pese a que las autoridades de seguridad han intentado agotar las vías de diálogo para lograr su entrega, hasta el momento las gestiones han sido infructuosas. Ante esta situación, la institución exigió su liberación inmediata, incondicional y en condiciones que garanticen su integridad física.
Un tesoro ecológico bajo permanente amenaza
El Parque Nacional Laguna Lachuá es considerado el último remanente protegido de los ecosistemas originales de la Franja Transversal del Norte, reconocido internacionalmente como Bosque Modelo y Sitio Ramsar por la riqueza de sus humedales.
Sin embargo, el área enfrenta un grave deterioro debido a presiones territoriales constantes:
- Invasiones sistemáticas: Desde el año 2009 se registran 12 invasiones ilegales integradas por más de 250 familias.
- Territorio afectado: Estas ocupaciones abarcan aproximadamente 3,000 hectáreas, lo que equivale al 21 % de la extensión total del área protegida.
- Daño ambiental: La delimitación ilegal de terrenos y el cambio de uso de suelo han derivado en incendios forestales provocados que dañaron al menos 776 hectáreas de bosque.
El CONAP reiteró el llamado urgente a las instancias correspondientes para ejecutar las acciones necesarias que permitan rescatar al trabajador, restablecer el orden jurídico en la zona y proteger de forma efectiva este patrimonio natural de Guatemala.
