La discusión de la Ley de Teletrabajo en el Congreso de la República de Guatemala busca establecer un marco legal explícito para una modalidad laboral que cobra cada vez más fuerza en el país.
Según Rodrigo Valdeavellano, presidente de la Asociación Guatemalteca de Profesionales de Gestión Humana, la iniciativa no pretende imponer obligaciones coercitivas ni sobre-regular, sino brindar reglas claras basadas en el principio de voluntariedad entre empleadores y trabajadores.
Valdeavellano explicó que, aunque la modalidad se intensificó desde la pandemia, el Código de Trabajo guatemalteco —vigente desde 1961— carece de mecanismos específicos para normar el trabajo a distancia. La propuesta actual pretende resolver la ambigüedad que genera la falta de un marco legal unificado, garantizando condiciones claras sin rígidas imposiciones.
Entre los principales retos para su implementación figuran la delimitación de responsabilidades sobre costos operativos (Internet y energía eléctrica), la supervisión de la salud y seguridad ocupacional en el hogar y, de manera primordial, la protección del derecho a la desconexión para evitar el estrés y la fatiga informativa por jornadas prolongadas.
Pese a los desafíos técnicos, el sector de recursos humanos ve de manera positiva el avance de la normativa, recomendando una implementación inicial en el sector privado antes de extenderla al sector público. Asimismo, destacan que el teletrabajo no solo contribuirá a mitigar la congestión vehicular y los altos costos del combustible, sino que descentralizará las oportunidades laborales, permitiendo a profesionales de diversas regiones del país trabajar sin desplazarse hacia la capital.