Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y diputados del Congreso de la República sostuvieron este martes una reunión de trabajo para abordar los retos operativos, administrativos y financieros que implicará la entrada en vigencia de las reformas legales en materia de prisión preventiva, aprobadas mediante el Decreto 23-2026.
El encuentro estuvo encabezado por la presidenta del Organismo Judicial (OJ) y de la CSJ, Jenny Noemy Alvarado Tení, junto con el presidente e integrantes de la Cámara Penal. Por parte del Legislativo participaron el presidente del Congreso y legisladores que integran la Comisión de Reformas al Sector Justicia.
Durante el diálogo, las autoridades judiciales expusieron las implicaciones que conllevará ejecutar la nueva normativa:
Presupuesto y personal: Se planteó la necesidad de gestionar una adecuada asignación de recursos financieros para ampliar el personal técnico y administrativo, así como para la eventual creación de nuevos órganos jurisdiccionales.
Plazos y gradualidad: El OJ subrayó la importancia de establecer tiempos razonables y graduales de implementación con el fin de garantizar condiciones institucionales, tecnológicas y presupuestarias óptimas para su aplicación.
Evaluación de capacidades: La CSJ informó que se encuentra realizando un diagnóstico de la infraestructura, el recurso humano y los sistemas informáticos disponibles para adecuar los objetivos del decreto a la capacidad real del sistema de justicia.
A través de un comunicado oficial, el Organismo Judicial reiteró su apego al orden constitucional, la independencia judicial y la coordinación entre poderes del Estado, con el propósito de garantizar el debido proceso y el acceso efectivo a la justicia para la población guatemalteca.
