Siete organizaciones de análisis piden al Congreso tramitar la nueva Ley de Contrataciones Públicas por la vía ordinaria y descartar su aprobación por urgencia nacional.
La iniciativa 6688, presentada en noviembre de 2025, sustituiría íntegramente la Ley de Contrataciones del Estado vigente y cambiaría las reglas para adquirir bienes, contratar servicios y ejecutar obra pública. Las organizaciones firmantes señalaron que su alcance exige un examen más profundo antes de someterla a votación.
Según el comunicado fechado el 16 de noviembre de 2026, aprobar la ley sin ese análisis puede dejar abiertas vías para ampliar injustificadamente las compras directas y modificar contratos adjudicados sin controles suficientes. Asimismo, advirtieron que una transición mal preparada pone en riesgo la continuidad de la inversión, la obra pública y los servicios esenciales.
Tres condiciones antes de votar
Las organizaciones plantearon tres exigencias concretas al Legislativo. Primero, que publique el texto consolidado de la iniciativa junto con las observaciones técnicas recibidas y las enmiendas propuestas, para que se conozca públicamente qué cambios se discuten y su justificación.
Segundo, que encomiende a la comisión competente —o cree una mesa técnica especializada— realizar un examen de fondo con audiencias públicas y un dictamen que explique cómo se atendieron las observaciones. Tercero, que exija un plan de transición con plazos y responsables que garantice la preparación de reglamentos, sistemas y entidades antes de sustituir el régimen vigente.
Las organizaciones firmantes son ASIES, CIEN, ICEFI, FLACSO Guatemala, FUNDESA, Fundación 2020 y Fundación Libertad y Desarrollo, e indicaron su disposición a contribuir al debate legislativo.


