El repunte reciente de la violencia en Guatemala está relacionado, según el análisis, con años de falta de acciones directas contra las estructuras criminales, especialmente en materia de desarticulación de pandillas, control del sistema penitenciario y fortalecimiento de las capacidades de inteligencia e investigación.
Esta brecha habría permitido que las organizaciones delictivas se adapten, fortalezcan sus operaciones y desarrollen nuevas formas de financiamiento, incrementando su capacidad para mantener actividades ilícitas.
Extorsiones, una fuente de financiamiento
Uno de los principales factores de preocupación es el aumento sostenido de las denuncias por extorsión desde 2021. Este delito se ha convertido en un mecanismo utilizado por las estructuras criminales para obtener recursos y mantener sus operaciones.
El cobro ilegal afecta principalmente a comerciantes, transportistas y otros sectores de la población, quienes son obligados a entregar dinero bajo amenazas.
El crecimiento de este fenómeno representa un desafío adicional para las autoridades de seguridad, debido a que los recursos obtenidos mediante las extorsiones pueden ser utilizados para financiar otras actividades delictivas y fortalecer las estructuras criminales.
El desafío para las autoridades
La situación plantea la necesidad de implementar estrategias integrales que no se limiten a responder a los hechos violentos una vez ocurren, sino que permitan prevenir, investigar y desarticular las organizaciones responsables.
El fortalecimiento de la inteligencia, la investigación criminal y el control de los centros penitenciarios son elementos señalados como fundamentales para reducir la capacidad de operación de las pandillas y otras estructuras dedicadas al crimen organizado.
De mantenerse las condiciones actuales, el crecimiento de las extorsiones y la capacidad de reorganización de las organizaciones criminales podrían continuar representando un desafío para la reducción de la violencia en el país.