Las instituciones que integran el sector justicia buscan ampliar sus recursos para el próximo ejercicio fiscal. Entre ellas, el Instituto de la Víctima, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) presentaron solicitudes de incrementos presupuestarios que, en conjunto, superan los Q100 millones.
Durante el análisis de la propuesta de presupuesto para 2027, el diputado Orlando Blanco señaló que estas entidades enfrentan limitaciones financieras que dificultan atender las necesidades de la población y ampliar su cobertura en el territorio nacional.
El legislador indicó que las solicitudes de recursos responden a demandas operativas de instituciones que desempeñan funciones clave dentro del sistema de justicia, desde la atención y asistencia a víctimas hasta la prestación de servicios forenses y la defensa penal pública.
Blanco también hizo referencia a las carencias históricas en la infraestructura disponible para atender los requerimientos del país. Como ejemplo, mencionó el número reducido de morgues municipales, una situación que, según lo expuesto, evidencia los desafíos que enfrenta el sistema para responder a la demanda de servicios forenses.
Las peticiones de estas instituciones se suman a la discusión sobre las asignaciones destinadas al sector justicia en el presupuesto del próximo año. El debate legislativo deberá considerar las necesidades planteadas por las entidades y las restricciones de las finanzas públicas.
La definición de los montos finales dependerá de las decisiones que se adopten durante la discusión presupuestaria, en la que también se analizan las demandas de otras instituciones estatales y la disponibilidad de recursos para cubrirlas.