La exoneración temporal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) contemplada en el Decreto 22-2026 podría generar costos adicionales para las empresas de transporte de carga que operan bajo la formalidad, según Alejandro Ramírez, representante de la Cámara de Transporte de Carga Guatemalteca.
Ramírez explicó que el mecanismo aprobado genera una diferencia entre la forma en que las empresas adquieren el combustible y la manera en que facturan sus servicios. Al comprar diésel sin IVA, pero mantener la obligación de emitir facturas con el impuesto correspondiente a sus clientes, parte del crédito fiscal que normalmente podría compensarse deja de ser recuperable.
De acuerdo con el representante del sector, ese monto no compensado termina incorporándose a los costos de operación de las empresas de transporte. La afectación, señaló, puede variar dependiendo del volumen de facturación y de las operaciones que realice cada empresa.
El gremio considera que esta situación agrega complejidad a la estructura de costos del transporte formal y también genera mayores dificultades en los procesos contables relacionados con el manejo del crédito fiscal.
La Cámara de Transporte de Carga Guatemalteca sostiene que, aunque la exoneración busca generar un alivio frente al precio de los combustibles, sus efectos tributarios deben ser analizados para evitar que las empresas que cumplen con sus obligaciones fiscales terminen absorbiendo costos adicionales.
El planteamiento del sector ocurre en medio de la discusión sobre las medidas adoptadas para contener el impacto del precio de los combustibles y sus efectos sobre las actividades económicas que dependen directamente del transporte de mercancías.