La Dirección General de Transportes (DGT) ha intensificado el seguimiento a las denuncias presentadas por la población ante el incremento en el costo de la tarifa del transporte extraurbano.
Las autoridades enfatizaron que, si bien no fijan ni absorben los gastos de operación o mantenimiento de los transportistas, su función primordial es regular, controlar y fiscalizar que el servicio se preste conforme a la ley.
Ante la detección de unidades con licencias de turismo que realizan traslados extraurbanos de forma irregular —una práctica ilegal conocida como cabotaje—, la institución ha emitido comunicados y recordatorios a los infractores.
Estas acciones conllevan sanciones administrativas y denuncias penales respaldadas por el artículo 158 Bis del Código Penal, al constituir una explotación ilegal del transporte.
Asimismo, la DGT reconoció que existe un rezago aproximado de 92 millones de quetzales en multas acumuladas desde el año 2012 que no han sido pagadas.
Esto debido a los diversos recursos legales y procesos de oposición interpuestos por los transportistas para dilatar el cumplimiento de las sanciones. Para contrarrestar esta situación, se analizan modificaciones al reglamento y se coordina con una bancada en el Congreso de la República la propuesta de una ley temporal para garantizar el pago y fortalecer la efectividad coercitiva de la institución.