El Ministerio de Educación de Guatemala (Mineduc) oficializó la regulación del Sistema de Registros Educativos (SIRE) mediante el Acuerdo Ministerial Número 3894-2026, firmado el 4 de septiembre de 2026. La norma busca contar con una base de datos centralizada, oportuna y actualizada sobre el avance académico de la población escolar para respaldar la toma de decisiones, el diseño de políticas públicas y la administración del servicio educativo en todo el país.
El acuerdo abarca los niveles de Educación Inicial, Preprimaria, Primaria y Media (ciclos Básico y Diversificado) del Subsistema de Educación Escolar en todos los sectores educativos. A través de este sistema, cada estudiante contará con un código personal único que permitirá unificar y rastrear sus registros académicos desde su ingreso hasta la culminación de sus estudios, simplificando trámites y eliminando la necesidad de presentar documentos físicos o certificados adicionales en casos de traslados entre centros escolares.
La normativa establece directrices específicas para directores, docentes y familias:
Responsabilidad de actualización: Directores y docentes quedan obligados a ingresar, actualizar y velar por la exactitud de la información de los estudiantes dentro del SIRE.
Requisitos de inscripción: Para la primera inscripción, se deberá adjuntar la certificación de nacimiento del estudiante (emitida por RENAP) o Documento Personal de Identificación (DPI) en caso de mayores de edad o extranjeros.
Historial y resguardo: Los centros educativos deberán resguardar los expedientes académicos durante los años de permanencia del estudiante y entregarlos completos únicamente en caso de retiro o traslado.
Control de resultados: Se obliga a registrar de manera inmediata las altas, bajas, traslados y resultados de evaluaciones periódicas, de recuperación y extraordinarias.
El incumplimiento de las obligaciones estipuladas en la presente normativa dará lugar a sanciones administrativas para los directores y docentes responsables, según la gravedad de la falta. Asimismo, el acuerdo establece que, si las irregularidades o faltas detectadas constituyen un delito, las autoridades correspondientes estarán obligadas a presentar la denuncia ante las instancias de justicia.
