Las autoridades guatemaltecas desplegaron una serie de operativos sorpresa en varios inmuebles durante la tarde y noche de este miércoles. La acción estuvo a cargo de la Fiscalía contra el Crimen Organizado junto a elementos especializados de la Policía Nacional Civil, enfocándose directamente en propiedades relacionadas con la familia de Miguel Martínez.
Específicamente, las diligencias judiciales se concentraron en una residencia situada dentro de un exclusivo condominio en el municipio de Jocotenango, Sacatepéquez. Dicho domicilio pertenece a los padres del exdirigente del extinto Centro de Gobierno, mientras la institución guardaba total hermetismo sobre los avances.
Reportes preliminares sugieren que el despliegue persigue la ejecución de órdenes de captura contra personas aún no identificadas. Asimismo, la red de allanamientos trascendió los límites de este municipio, ampliándose de manera simultánea hacia otros puntos del territorio nacional bajo total reserva.
Detrás de las pesquisas: un historial de denuncias previas
El Ministerio Público confirmó que las inspecciones continuaban su marcha y prometió emitir un comunicado oficial al concluir las acciones. Este nuevo golpe judicial se suma a los múltiples frentes legales que el excolaborador cercano del expresidente Alejandro Giammattei ha acumulado en los tribunales del país.
Registros recientes documentan al menos siete expedientes abiertos en contra de Martínez, los cuales abarcan acusaciones que van desde presuntos actos de corrupción y peculado por sustracción hasta investigaciones por adopciones irregulares. Su gestión pasada continúa generando repercusiones legales complejas.
El panorama para el exfuncionario se complica aún más al recordar el antecedente internacional del primero de diciembre de 2023. En esa fecha, Estados Unidos le impuso sanciones bajo la Ley Global Magnitsky, señalándolo formalmente por supuestos sobornos vinculados a contratos estatales y vacunas.