La organización Acción Ciudadana presentó una serie de denuncias legales tras identificar graves anomalías en el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública por parte de los gobiernos locales y la falta de supervisión del ente regulador.
De acuerdo con el monitoreo realizado a lo largo del año sobre los portales de transparencia municipal, se detectó que al menos el 70 % de las alcaldías no cumple a cabalidad con la publicación de información de oficio. El hallazgo más crítico revela que dos comisiones municipales emitieron acuerdos para restringir explícitamente la difusión de salarios, dietas, viáticos y gastos de representación.
Según las autoridades locales involucradas, dicha reserva se justificó en presuntos «riesgos de seguridad» para los empleados públicos.

