— El Congreso de la República aprobó este martes 17 de noviembre una enmienda al Decreto Gubernativo 8-2026 que amplía el estado de sitio —originalmente decretado para los departamentos de Izabal y Zacapa— hacia todas las cárceles, centros de detención preventiva y de cumplimiento de condena del país.
La modificación al artículo 1, recibida en la Dirección Legislativa a las 16:33 horas con el respaldo de diputados de distintas bancadas como Mario Gálvez, Sofía Hernández, Inés Castillo, Marleni Matías y Víctor Hugo Cifuentes, incorpora formalmente el sistema penitenciario dentro del régimen de excepción emitido por el presidente en Consejo de Ministros.
Sin embargo, el diputado Ronald Portillo cuestionó la viabilidad jurídica y operativa de aplicar esta medida en los presidios, argumentando que los reclusos ya tienen restringidos sus derechos constitucionales y que las fuerzas de seguridad deben concentrarse en Izabal y Zacapa. «No se puede aplicar el estado de sitio en las cárceles; básicamente ya están limitados de sus derechos, lo que correspondería en este caso es una intervención administrativa por parte del Ejecutivo», señaló.
Alternativa de intervención y escenario legislativo
Frente a la crisis penitenciaria, Portillo planteó acciones ejecutivas directas y explicó cuál es la ruta parlamentaria tras la aprobación en el hemiciclo:
- Intervención administrativa: Indicó que la Presidencia puede nombrar un interventor para administrar los penales amparándose en el artículo 20 de la ley que declara como terroristas a las maras y pandillas, limitando así a directores de centros que carecen de perfil o están coludidos con estructuras criminales.
- Nuevas megacárceles: Recalcó que urge concretar la construcción de los centros penitenciarios pendientes en El Triunfo y Escuintla.
- Ajuste en el Congreso: Explicó que, al haber sido aprobada la enmienda, la única vía legislativa para modificar su alcance es presentar y aprobar una nueva enmienda sobre el mismo tema.

