La iniciativa 6816, Ley de Aguas, ingresó a la Comisión de Ambiente del Congreso para análisis. La diputada Patricia Orantes, una de sus ponentes, celebró el avance ante la crisis hídrica que enfrenta el país.
Orantes indicó que Guatemala atraviesa el fenómeno del súper Niño más intenso que ha registrado el país, con pérdidas de cosechas y afectaciones a la población. La legisladora reconoció que la ley no llegará a tiempo para mitigar el impacto actual, pero señaló que sentará las bases para enfrentar fenómenos climáticos cada vez más recurrentes.
Entre los alcances de la iniciativa, la diputada explicó que permitirá captar, almacenar y distribuir agua de lluvia, socializar el riego y ampliar la generación hidroeléctrica sin afectar derechos de terceros. Asimismo, precisó que se impulsaría inversión para descontaminar fuentes de agua en el país.
Dos categorías de uso del agua
La ley distingue entre usos comunes y aprovechamientos especiales. Los primeros comprenden el consumo doméstico, la agricultura familiar y la ganadería de subsistencia; estos no requerirán licencia, registro ni pago de canon, según detalló Orantes.
Por su parte, los aprovechamientos especiales aplican a la industria, agroindustria y comercio que generen renta privada usando agua pública. Esos sectores deberán obtener una licencia —que la diputada describió como un contrato con condiciones de uso responsable— y pagar un canon. Orantes agregó que ese esquema también otorgará certeza jurídica a las empresas sobre su acceso al recurso a largo plazo.
Sesiones extraordinarias en puerta
El presidente de la Comisión de Ambiente anunció que probablemente convocará a sesiones extraordinarias de trabajo durante este año para acelerar el análisis de la iniciativa, según confirmó Orantes. Sobre la posibilidad de que se apruebe en la legislatura actual, la parlamentaria fue cautelosa: «En el Congreso nunca se sabe, la buena noticia es que hay mucha buena voluntad en la Junta Directiva de la Comisión.»
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La diputada Patricia Orantes explicó que la propuesta contempla regular los usos del recurso hídrico, establecer licencias y el pago de un canon para aprovechamientos especiales, mientras que el consumo doméstico y la agricultura familiar quedarían exentos de estos requisitos.
— La Red (@Lared1061) November 2, 2026

